Articulo Observatorio
Día Mundial de la Salud
Día Mundial de la Salud

El 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, sabemos que la salud es un derecho humano, pero aún sentimos que en nuestro país la salud es un privilegio con brechas claras de desigualdad dentro de la sociedad. Con el COVID – 19 desde el 2020 se vislumbró el estado deteriorado de nuestros servicios de salud pública.


El colapso que generó esta nueva pandemia nos interpeló sobre el histórico desinterés por parte de las autoridades de la financiación de una salud pública y de calidad, donde existe un insuficiente acceso a la atención médica y a los servicios sanitarios.


A nivel mundial, según ONUSIDA, diez mil personas mueren cada día porque no pueden acceder a la atención sanitaria y el coste de los servicios sanitarios supone que cada año 100 millones de personas se vean abocadas a la pobreza extrema al tener que pagar por ellos. Eso equivale a tres personas cada segundo.


El derecho a la salud se define según los estándares internacionales como el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. Implica la igualdad de acceso a la atención de la salud y a los servicios de salud; un acceso equitativo a la asistencia sanitaria y a unas garantías mínimas de asistencia sanitaria en caso de enfermedad. Es el disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.

Garantizar la salud de manera universal por lo tanto implica garantizar plenamente los Derechos Humanos de todas las personas, es pensar la salud desde lo social y económico, teniendo como resultado una atención integral que garantice la equidad.


No podemos pensar en salud integral sin tener presente que las personas no tienen lo básico para sobrevivir. En el área urbana, la pobreza total para el año 2021 fue de 22,4%, lo que implicó una leve disminución de 0,3 puntos porcentuales respecto al 2020 (22,7%). Mientras que en el área rural la pobreza total en el 2021 llegó a 34,6%, un leve incremento de 0,6 puntos porcentuales en comparación con el 2020, cuando la cifra fue del 34,0% (Última Hora, 31 de marzo 2022).

Con el COVID – 19, los servicios de salud requirieron una reorganización para dar respuesta a esta nueva pandemia y puede percibirse que ha significado que el VIH como otras patologías salieron de la lista de prioridades de la Salud Pública.


¿Cómo pensamos en un sistema integral cuando el que tenemos está colapsado? ¿Cómo responder a las necesidades históricas de otras patologías en este nuevo contexto? ¿Cómo hacemos frente al lucro con la salud? Y ¿Cómo incide la precariedad del sistema económico, social y de salud, en la angustia de familiares y pacientes en los procesos de recuperación o de tratamiento?


Desde las organizaciones de sociedad civil debemos poner en debate el manejo de los servicios sanitarios desde una perspectiva de derechos, donde se promueva la participación y el acceso a las rendiciones de cuentas, exigir acceso, disponibilidad y calidad en los servicios y el Estado verdaderamente garantice derechos.


En el Informe del Monitoreo Global del SIDA (GAM, 2021) se propone una vigilancia paralela desde la ciudadanía y los entes del Estado para ver el proceso de cada país con respecto al VIH, donde se fomenta el diálogo y consultas de manera objetiva con el fin promover un análisis para dar nuevas alternativas a la respuesta al VIH.


En el 2021 la sociedad civil evaluó el punto de cobertura e integración sanitaria universal de nuestro país dentro del GAM con cuatro puntos que limitan el acceso a programas de protección social:


à Procedimientos complicados

à Miedo al estigma y a la discriminación

à Leyes o políticas que impliquen obstáculos al acceso

à Gastos elevados de bolsillo (por ejemplo, transporte/tiempo para recibir las transferencias)


En el 2015 en Paraguay contamos con la visita de un Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental de la ONU donde observó graves problemas en el disfrute del derecho a la salud relacionados con la aplicación de la normativa y las políticas vigentes, así como la prevalencia de desigualdades, discriminación y violencia contra sectores clave de la población, particularmente las mujeres y las niñas, los niños y los adolescentes, las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero, las personas con discapacidad y las personas que viven con el VIH/SIDA.


En otro informe proporcionado por Decidamos, se ve que a finales del 2020 nuestro país contaba con 852 Unidades de Salud Familiar (USF) instaladas. Se necesita instalar unas 450 USF más para alcanzar la meta oficial mínima (1.300) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).


Es importante que nuestro país se comprometa realmente con los ODS ya que todos tienen que ver de alguna forma con la salud y la calidad de vida, como lo señala su lema principal para “que nadie quede atrás”. Todos estos señalamientos deben ser impulsados desde políticas públicas eficientes que tengan impacto en las personas, en sus proyectos de vida.


Recordando que el derecho a la salud se hace efectivo elaborando y ejecutando programas intersectoriales que aborden los factores socioeconómicos, culturales y ambientales enfocados desde los derechos humanos, este 7 de abril recordemos más que nunca que nadie debe quedar fuera de los programas de salud, inclusivos, respetuosos y sin barreras, como derecho universal de cada persona en cualquier etapa de su ciclo de vida.